La Universidad y el presupuesto

Saúl Arellano

Si algo debe ser protegido en momentos de crisis, eso es la capacidad de pensamiento crítico. En nuestro caso aplica por partida doble, porque nuestro mayor problema no se encuentra en el plano económico, sino en el moral, lo cual nos ha llevado a un profundo vacío de liderazgos en el ámbito político y también en buena medida, en el institucional.

Desde esta perspectiva, no sólo es necesario sino urgente, proteger y promover a las instituciones críticas, es decir, aquellas que promueven un estilo de pensamiento que es capaz de poner en tensión al sistema y sus fundamentos: ¿por qué creemos mayoritariamente en lo que creemos? ¿por qué asumimos lo que asumimos? O ¿por qué consumimos de la forma en que lo hacemos y lo que consumimos?

Estas preguntas no son cuestiones frívolas. Muy por el contrario, deberían llevar a una acción política impulsada desde los espacios institucionales de representación popular, porque de otro modo, por citar sólo un ejemplo, el Congreso se estaría convirtiendo no en la “concreción” de la voluntad y la soberanía popular, sino en un grupo de notables que están ahí sobre todo para la defensa de intereses facciosos.

Desde esta perspectiva, hay pocas instituciones que han mantenido una congruencia histórica en nuestro país respecto de promover y exigir un país garante de los derechos humanos y en donde las personas tengamos posibilidades y oportunidades reales para acceder al bienestar.

Sin duda, las universidades públicas se encuentran entre estas instituciones con capacidad crítica; en ellas se encuentra mucho de lo mejor de nuestras capacidades de pensar, tanto para la solución práctica de cuestiones relacionadas con la ciencia y la tecnología; hasta las cuestiones complejas vinculadas a las disciplinas del espíritu desde las cuales se estudia y cuestiona a la economía y el poder.

El Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Colegio de México y prácticamente la mayoría de las Universidades Estatales, han dado constantes muestras de un indeclinable compromiso social, a pesar de los constantes embates a los que tienen que hacer frente, y los cuales son organizados predominantemente desde los gobiernos de los estados.

En ese contexto, sobresale, sin demérito de las demás, el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, la cual sigue apareciendo en los “ranking” nacionales e internacionales como la mejor universidad del país, y una de las mejores de Iberoamérica.

No es asunto menor. En los tres últimos rectorados, la UNAM ha logrado acreditar plenamente su carácter eminentemente nacional, y hoy, por primera vez en su imponente historia institucional, tiene una presencia territorial efectiva en cada una de las entidades de la República; es decir, no hay un estado del país en el que no haya un campus universitario desde el cual se busca que “por nuestra raza, hable el espíritu universal”, tal y como reza el lema universitario.

Se dice que la UNAM y las universidades públicas reciben cuantiosos recursos; y es cierto; pero lo que es también un hecho es que aún esas sumas siguen siendo insuficientes para los retos y exigencias de un país como el nuestro. Hoy sólo 3 de cada 100 jóvenes en edad de acudir a la universidad pueden hacerlo, dato que en sí mismo revela desde ya el despropósito de plantear recortes a sus presupuestos.

Ninguna democracia, ningún Estado de bienestar puede germinar sin una intensa producción de saber científico¸ pero menos aún, en donde no existe la constante semilla del pensar y el hacer críticos; en donde el arte no es fuente de dolores y placeres; y en donde la filosofía no se asienta como la inagotable generadora de dolores de cabeza para el poder.

La prioridad que se da o no a las universidades públicas es un fiel reflejo del proyecto de país que se tiene y promueve desde el poder político…Ya veremos qué nos dicen al respecto en las próximas semanas en el Congreso.