Grupos de poder estrangulan la libertad de expresión en México, señalan académicos

La libertad de expresión y las amenazas a la integridad de los periodistas y sus familias están íntimamente ligadas como un ejercicio de los poderes fácticos que pretenden determinar qué se puede decir, qué no y cómo, sostuvo Raúl René Villamil Uriarte, profesor-investigador de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En el Coloquio Libertad de expresión para la profesión más peligrosa en México. A 50 años de 1968, realizado en el Centro de Difusión Cultural Casa Rafael Galván, el académico del Departamento de Educación y Comunicación sostuvo que el asesinato de estos profesionales es un fenómeno trágico y decadente que ha trastocado, alterado e intervenido de una manera determinante sus derechos.

El maestro Gabriel Sosa Plata, docente del referido Departamento de la Casa abierta al tiempo, expuso que las agresiones en contra de los comunicadores se han incrementado en los últimos años, mientras las políticas del Estado mexicano en la materia han fracasado en su totalidad, ya que incluso la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión ha resultado ineficaz.

Si bien ha habido avances importantes en ese ámbito con aportaciones notables en el periodismo de investigación, dando salida a indagaciones con enorme repercusión pública, se han diseñado instrumentos de control político hacia estos nuevos medios de comunicación.

Está plenamente documentado que instituciones del Estado han usado herramientas de espionaje para perseguir a periodistas y a defensores de derechos humanos, con lo cual no sólo se inhibe la libre expresión, sino que se vulnera la privacidad.

Sosa Plata refirió que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su relatoría especial para el tema publicada el 4 de diciembre de 2017, describe el grave panorama que se vive en México y que coloca al país como el de mayor riesgo en el continente para el ejercicio periodístico.

La Nueva Ley General de Comunicación Social en la que el Estado sigue siendo juez y parte no le sirve a la sociedad o a las audiencias, pero sí a la clase política en el poder y a los medios de comunicación privilegiados que tienen sus alianzas estratégicas con ella. “Esta ley afianza las restricciones a la libertad de expresión y extiende su brazo opresor”.

José Reveles, profesor del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Unidad Cuajimalpa, refirió que en 1968 existían las cooperativas de Excélsior, La Prensa y El Día, que tenían cierta libertad de expresión, por lo que el estudiantado y el Comité Nacional de Huelga publicaban allí sus desplegados, que pagaban “con sus botes llenos de monedas que habían recaudado en las calles”

Pero el 3 de octubre de ese año Excélsior, medianamente pudo ejercer esa libertad, y El Día, que era el más socorrido para la información sobre el movimiento estudiantil, no publicó una línea de lo que pasó, aunque sí informó que su periodista Rodolfo Rojas Zea, quien había estado informando sobre la Revolución de Mayo de París, recibía a la periodista italiana Oriana Fallaci en el edificio Chihuahua, cuando ambos fueron baleados; la bala en el glúteo de ella fue famosa y las heridas de él pasaron desapercibidas.

Tres años después, en junio de 1971, cuando los estudiantes vuelven a salir a las calles hubo un salto cualitativo en la libertad de expresión, pues muchos periódicos y estaciones de radio (que no la televisión) dieron a conocer la existencia de Los Halcones y su ataque a una multitud inerme, lo cual representó un cambio significativo.

El comunicador reconoció que ahora es posible ejercer la libertad de expresión, aunque el precio es muy alto; hay periodistas asesinados, desaparecidos y desplazados, así como 99.9 por ciento de casos de crímenes sin resolver.

*Fuente: UAM*

**Nota del Editor: Foto: Especial Internet**