Desaparición de normalistas refleja descomposición social y fallido esquema de seguridad

A dos años de los vergonzosos hechos acaecidos en Iguala, donde desaparecieron 43 estudiantes normalistas, la tragedia fue calificada por el presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar como “el proceso de descomposición social y el fallido esquema de seguridad prevalecientes en México, ante una autoridad en los tres órdenes de gobierno incapaz de resolver con eficacia las demandas de la sociedad y la creciente ola de violencia”.

Por ello, el legislador hizo un llamado al gobierno federal para centrar todos los esfuerzos institucionales y cerrar filas para lograr esclarecer los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014, que propiciaron la desaparición de los 43 jóvenes. Asimismo, exigió que se ponga punto final a este penoso caso que ha dañado la imagen del país en el exterior.

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Foto: Benjamín Torres Uballe

El denominado “Caso Iguala”, es uno de los mayores pasivos que la administración del presidente Enrique Peña Nieto tiene con la sociedad y que hasta el día de hoy no ha sido capaz de aclarar, lo cual le costó el puesto al entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, célebre por sus frases: “Ya me cansé” y aquella de “Esa es la verdad histórica”.

Pero la responsabilidad en el deplorable acontecimiento del municipio guerrerense no es exclusiva del gobierno federal, hay que recordar que en ese momento el estado era gobernado por Ángel Aguirre Rivero, en tanto que el municipio de Iguala lo era por José Luis Abarca, ambos del PRD.

Bolaños Aguilar, hizo un llamado para que en el marco del Estado de Derecho, se llegue hasta las últimas consecuencias y se castigue de manera ejemplar a los responsables de este suceso, que ante la comunidad mundial ha puesto a México como una nación donde la promoción, defensa y protección de los derechos humanos “importan poco”, dijo.

El legislador, presidente de la Cámara baja, señaló que en instancias encargadas de procurar justicia pareciera que existen resistencias a esclarecer el caso, lo que obliga a las autoridades federales del más alto nivel a ordenar una más amplia investigación que conduzca al paradero de los normalistas.          

“Se trata de que en las pesquisas no quede ningún cabo suelto, de modo que se puedan conocer los motivos que llevaron a los responsables -sean de la delincuencia organizada o de alguna instancia de gobierno- a desaparecer a los jóvenes”, concluyó el diputado.

*Foto: Benjamín Torres Uballe, prohibida su reproducción sin autorización*