Tanhuato y Nochixtlán

Tanhuato y Nochixtlán ponen en jaque a la Policía Federal. La corporación más importante y preparada del país, enfrenta serios cuestionamientos que podrían derivar en una crisis de credibilidad y de legitimidad de sus acciones. Se trata sin duda de dos casos de naturaleza distinta, aunque con puntos en común.

Las conclusiones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre lo ocurrido en el rancho El Sol el 22 de mayo del año pasado confirman las sospechas desatadas desde el primer momento en torno al uso excesivo de fuerza en un enfrentamiento en el que murieron 43 supuestos criminales.

La CNDH documentó 22 ejecuciones arbitrarias y casos de tortura contra civiles presuntamente pertenecientes al Cártel de Jalisco Nueva Generación. La indagatoria destruye la versión oficial que habla de la respuesta proporcional a una agresión, sostenida desde siempre por la autoridad y reiterado por el Comisionado Nacional de Seguridad durante la conferencia de prensa convocada para dar a conocer los resultados de la investigación.

Las pruebas recolectadas por el Primer Visitador, Ismael Eslava, obligan al Gobierno Federal a encontrar y castigar a quienes jalaron el gatillo para perpetrar la masacre de Tanhuato, pero sobre todo a transparentar las condiciones reales en que se dio el supuesto enfrentamiento y a determinar las responsabilidades de la cadena de mando que articuló el operativo. A la autoridad le urge aclarar las razones de la saña aplicada por los uniformados aquel día y explicar si hubo o no un ánimo de venganza por el ataque contra un helicóptero oficial en el que murieron 8 policías unos días antes, durante la operación desplegada para capturar a Nemesio Oceguera, jefe de la organización delictiva.

Es evidente que lo ocurrido en Tanhuato no fue un hecho fortuito protagonizado por uno o dos policías que perdieron el control al fragor del enfrentamiento, la acción involucra a un grupo de uniformados ejecutando órdenes superiores. En este caso como en ningún otro, vale el pretexto de que los muertos eran delincuente y por ello debían ser ejecutados en caliente. Las conclusiones de la CNDH son graves, señalan a los federales como responsables de un acto criminal que los coloca al mismo nivel del cáncer que ellos combaten.

El Caso Nochixtlán es distinto, las investigaciones apuntan a un operativo improvisado, carente de inteligencia y que salió de control tan pronto como comenzaron a darse los primeros hechos violentos. En Oaxaca, algunos elementos policiacos incurrieron en excesos al disparar indiscriminadamente, pero otros fueron víctimas de serios errores de preparación que los llevaron a arriesgar la vida.

Aun cuando hablamos de asuntos muy diferentes, el común denominador en ambos casos es la actuación deficiente, por decirlo suave, de mandos incapaces de diseñar y hacer ejecutar operativos eficaces para hacer cumplir la ley y en el caso de Tanhuato, el escándalo se dispara ante la sola sospecha de haber convertido a un grupo de policías representantes del Estado en una banda justiciera.

La situación pone en entredicho al cuerpo policíaco más importante y mejor preparado del país, integrado por los elementos mejor calificados y que han cumplido la gran mayoría de sus encargos. Nadie puede decir que Tanhuato y Nochixtlán, como en su momento Apatzingan, son muestras del actuar cotidiano de la policía, pero son hechos tan graves, que colocan en el banquillo de los acusados a toda la corporación.