Matatena

El caso Matatena avanza a empujones, a gritos, manifestaciones y escándalos mediáticos. Tal parece que solo así se activan los mecanismos para hacer justicia y poner a trabajar una maquinaria oxidada por la indolencia, la indiferencia y la burocracia.

Un mes después de la presentación de las primeras denuncias, el aparato del estado se vuelca en respaldo de los padres y los niños agraviados. La Procuraduría capitalina consigna el expediente con tres casos de abuso documentados, el Jefe de Gobierno recibe a los padres y les garantiza apoyo, el Secretario de Educación Pública anuncia la creación de un grupo investigador, se disculpa y de inmediato se anuncian sanciones contra los funcionarios de la Dirección de Incorporación de Escuelas Particulares y la Supervisión de la Zona Escolar 110, se clausura la escuela (que ya estaba cerrada) y se cancela cualquier posibilidad de que sus dueños instalen otros planteles en cualquier parte del país.

Todo parece ejemplar, la actitud de las más altas autoridades muestra su preocupación por esclarecer y castigar el delito. Las estructuras oficiales parecen moverse por el bien de los niños, tal parece que la voluntad por llegar al fondo del asunto es absoluta y que existe la convicción de que estos casos deben ser prevenidos o en su caso, sancionados con todo el rigor de la ley.

Todo eso es falso, la autoridad no actúa ni por convicción ni con eficacia. Responde a un escándalo mediático que revela la indolencia cómplice de quienes en vez de actuar asumieron una actitud indolente, en agravio de los propios infantes y en complicidad con los responsables del abuso.

El camino sinuoso de la justicia comenzó en la Secretaría de Educación, cuyos funcionarios desoyeron las denuncias de los padres; siguió en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México en donde peritos y psicólogos victimizaron a los niños, los pequeños debieron esperar hasta once horas para ser interrogados, no se aplicaron en su caso, protocolos adecuados a su edad y condición. Los encargados de atenderlos destruyeron pruebas (dibujos que describían la agresión), para después decidir que no había daño por el simple hecho de que los niños aun sonreían.

Nada de eso conmovió a la autoridad. Lo que realmente detonó la intervención de Miguel Ángel Mancera y Aurelio Nuño fue la exposición mediática, el escándalo en la radio y redes sociales. Las instituciones solo reaccionaron cuando el escándalo se había extendido, la atención corresponde más a una estrategia de control de daños.

Lo que hemos visto en los últimos días es una reacción extraordinaria a una forma de proceder común y corriente. Si los padres no hubiesen ido más allá de las instancias oficiales nada se hubiese sabido. El caso se habría archivado y el expediente, si se hubiese integrado, estaría ahora en el archivo muerto.

El caso Matatena no es único, se trata de uno de muchos que se quedan atrapados en la telaraña de la burocracia, en los esfuerzos de los directivos escolares para evitar que los planteles sufran descrédito, en las autoridades que deciden no meterse en problemas por pereza y desinterés, en los propios padres que no saben a quién recurrir en casos así e incluso en el interior de las casas en donde se cometen la mayoría de los abusos.

La violencia infantil es constante pero difícil de medir porque no existen mecanismos diseñados para detectarla. Los niños son víctimas por donde quiera que se mire. Son objeto de abuso físico, pero también de la ignorancia de las autoridades y de un aparato diseñado para impedir que su voz se escuche y sea tomada en serio.