La solución no es el Ejército

El fin de semana del año cerró con un saldo de al menos 80 muertos, la violencia se hizo presente en Chihuahua, Guerrero, Baja California Sur y Colima, la cifra negra extiende y agrava la caída del país a un abismo que parece no tener fondo. En unos días se confirmará a 2017 como el más violento de los últimos 20 años.

En plena crisis, académicos, expertos, políticos y defensores de los derechos humanos debaten la ley de Seguridad Interior promulgada por Enrique Peña Nieto, pero congelada hasta que la Suprema Corte defina su constitucionalidad. Las fuerzas armadas y los impulsores de la legislación tienen sus razones para defenderla, pero los críticos también mantienen sospechas muy bien fundadas en que las carencias, huecos y vaguedades del texto podrían abrir la puerta al abuso. El hecho es que la ley no legitima por sí misma el trabajo policial de efectivos castrenses ni garantiza el regreso a los cuarteles de soldados y marinos en el mediano plazo. Mientras todo se define, las instituciones militares seguirán acusando el desgaste de una “estrategia” desastrosa.

Sin esconder los excesos documentados en los 11 años de “guerra contra el narco”, pocos pueden denostar el papel de la tropa en el rescate de municipios y regiones en llamas. El problema es que a la luz de los números, la intervención militar ha servido de poco. La presencia de soldados en las calles no ha logrado evitar que mes con mes se rompan las marcas históricas de violencia ni que el sexenio cierre como la etapa más negra de las últimas décadas, o incluso, como el momento se mayor violencia en la historia del país, sin tomar los años de verdadera guerra.

La realidad demuestra que sacar a las fuerzas armadas a las calles ha funcionado igual que una aspirina contra el cáncer, si acaso se ha tratado de un calmante que oculta momentáneamente los síntomas, mientras el mal hace metástasis; está comprobado que el éxito del despliegue militar es temporal, la paz termina cuando la autoridad civil vuelve a hacerse cargo de la gobernabilidad e irremediablemente fracasa.

En conclusión, la estadística prueba el fracaso monumental de los tres niveles de gobierno y de todas las instituciones de estado encargadas de la paz y seguridad. Los militares en las calles también han fracasado y aunque urge una ley que delimite sus funciones y les otorgue certeza jurídica, está claro que dicha ley (se llame como se llame) no va a sacar a México del infierno en que se encuentra. Los gobiernos estatales, locales y también la federación tienen muchos años mirándose el ombligo a pesar de contar con diagnósticos y recetas de sobra. Todo mundo sabe que la solución está en la depuración de los cuerpos policiacos, la reforma de las entidades encargadas de impartir justicia, el combate a corrupción y la impunidad, pero nadie actúa en ningún sentido. Ya ni siquiera vivimos en la simulación.

*Nota del Editor: Foto: Sedena*