¿Constitución para qué?

El jueves pasado quedó instalada la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, el órgano integrado por un centenar de legisladores exprofeso para redactar en los próximos tres meses la Carta Magna de la capital del país, inicia sus trabajos bajo una sombra de duda en torno a su conformación, su operación y a la naturaleza del proyecto mismo.

La representatividad del constituyente genera los primeros cuestionamientos. Del total de integrantes, 40 fueron designados por la Presidencia de la República (6), el jefe de Gobierno de la Ciudad (6) y las cámaras de diputados y senadores (14 cada una), el resto llegaron a sus curules tras la elección del pasado 5 de junio, en la que participó apenas el 28 por ciento de los votantes capitalinos. Por el diseño de la votación solo un independiente se coló a la asamblea, el pastel se repartió entre los partidos políticos.

El segundo problema que enfrenta el constituyente, es precisamente la falta de interés de los habitantes de la ciudad. La escasa participación durante la jornada electoral fue reflejo de indiferencia capitalina a un proyecto soñado y construido por la clase política y no por el clamor ciudadano. A muy pocos les quedan claros los beneficios de tener una ley suprema para una entidad que no se va a constituir en el estado 32 de la república.

Plasmar los derechos de los chilangos en un documento es algo abstracto que nada tiene que ver con la solución de los problemas cotidianos. Contar con una constitución no hará más segura a la ciudad, no transformará los servicios públicos, no contribuirá a combatir la contaminación ni solucionará la corrupción. Se creará en cambio una nueva estructura de gobierno, con alcaldías en lugar de delegaciones, con cabildos que supuestamente deberán servir de contrapeso a quienes ejerzan el poder local y faciliten la rendición de cuentas. En realidad, se tratará de una nueva burocracia que demandará recursos sin ninguna garantía de buen funcionamiento.

El lado positivo de la Asamblea es la inclusión de representantes de la sociedad civil, activistas, periodistas y actores, que pondrán sobre la mesa temas concretos en cuanto a los derechos que deberán quedar plasmados en el documento final. Lo negativo es que los ciudadanos independientes deberán luchar contra la dinámica partidista de la negociación en lo oscurito y la repartición de cuotas. Si al final se decide por darle gusto a todos, el riesgo es elaborar un enorme y pesado reglamento imposible de cumplir, si se excluye la agenda ciudadana, la legislación perderá toda legitimidad.

De entrada, la Constitución de la Ciudad parece una idea riesgosa, con pocos puntos favorables y una alta probabilidad de fracasar, emitiendo una ley que poco contribuirá a mejorar la vida de los habitantes de la capital, un despilfarro de recursos para cumplir las ansias de gloria de un puñado de políticos y dar al Jefe de Gobierno un trofeo rumbo al 2018.