Tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata

Ni la renuncia de Luis Videgaray como Secretario de Hacienda y Crédito Público borrará de la mente de los mexicanos (hombres y mujeres) la humillación más grande de la historia reciente: La invitación a nuestro país del xenofóbico candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, por parte del Presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Claro, la invitación, sus fines y sus consecuencias. Los mexicanos no se sintieron representados por Peña Nieto frente a Trump, aún cuando por todos los medios aseguró haber defendido México ante la insolente actitud del magnate gringo, quien además se dio el lujo de reiterar su idea de construir un muro “impenetrable, alto y hermoso” en la frontera nuestra con su país.

Y la visita de Trump fue el motivo de la salida de Videgaray. ¿O existe otra razón? Los mexicanos ni sintieron en último gasolinazo ante el terremoto político generado por la visita del republicano, según propuesta por Luis, entrometiéndose así en los asuntos de la canciller, Claudia Ruiz Massieu. Quién sabe si el asunto fue tratado en reunión de gabinete o el ahora ex Secretario de Hacienda se lo planteó al oído a Peña Nieto.

Pero como dice la sabia filosofía popular: “Tanto tiene la culpa el que mata la vaca, como el que le agarra la pata”. Entonces, tanto tiene la culpa Luis Videgaray como Peña Nieto. ¿Para qué le hace caso? Y peor aún, consiente la visita de Trump sin tener confirmada la presencia de Hillary Clinton, la contrincante demócrata del magnate.

Entonces, si ambos son culpables, también Peña debió hacer sus maletas. Sin embargo, como sucede en todos los gobiernos indistintamente de la filiación política: El Presidente nunca se equivoca, los tontos son los integrantes del gabinete. Y bueno, hasta echan mano de un escándalo para tapar otro.

En fin, Videgaray se fue y se le fue la oportunidad de continuar en la puja por la candidatura del PRI a la Presidencia de México. Hasta parece una jugada de doble carambola, así que por donde se vea su salida en nada obedece a mejorar la política en materia fiscal.

A la Secretaría de Hacienda llega otro presidenciable: José Antonio Meade Kuribreña, quien hasta el miércoles pasado dirigía la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y quien en el último tramo del sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa se desempeñó también en Hacienda.

¿Estarán perfilando a Meade por el PRI o por el PAN? ¿Por el PRI para hacerle contrapeso a doña Margarita Zavala de Calderón rumbo a la Presidencia de México?

¿O están acomodando piezas para allanarle el camino a Miguel Ángel Osorio Chong, actual Secretario de Gobernación? Porque el Subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava, quedó al frente de la Sedesol. ¿O Peña Nieto ya no tuvo otra opción que nombrar a quien fuera su Secretario General cuando fue gobernador del Estado de México?

Por cierto, Miranda ha sido muy cuestionado por su gusto a la vida cómoda.

¿Siguen las malas decisiones?

EN OAXACA, ELIMINARÁN RATIFICACIÓN DE SECRETARIOS DEL GABINETE

Desde hace seis años los Secretarios nombrados por el Gobernador de Oaxaca requieren ser ratificados por el Congreso local para poder ejercer el cargo. La ratificación fue prácticamente la primera oferta de campaña cumplida por Gabino Cué Monteagudo como un hecho de su vocación democrática pregonada como candidato de una coalición de partidos (PRD-PAN-PT-Convergencia) que enarbolaron la bandera del cambio.

La ratificación quedó plasmada en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo como el VII requisito para ser titulares de las Secretaría de Despacho; además quedó como una de las setenta y ocho facultades del Congreso del Estado enlistadas en el artículo 59 de la Constitución Política particular.

Fueron reformas harto cacaraqueadas por dos razones: Porque nunca antes el Congreso ratificó los nombramientos de los Secretarios hechos por el gobernador, y porque la propuesta provenía del “gobierno del cambio” o “de la transición democrática”; así lo llamaron los mismos partidos coaligados, que en el 2010 le arrebataron el poder al PRI detentado por alrededor de 80 años ininterrumpidos en la entidad oaxaqueña.

En aquél tiempo, como dice el poema El Brindis del Bohemio, “había inspiración en todos los cerebros”, y los coalicionistas “celebraba entre risas, libaciones, chascarrillos y versos, la agonía (de un sexenio priista) que amarguras dejó en todos los pechos, y la llegada, consecuencia lógica, del feliz (nuevo gobierno pluripartidista)”.

Los alegres bohemios coalicionistas le vendieron la idea a los habitantes del estado de Oaxaca que con la ratificación de los Secretarios del gabinete se terminaba el autoritarismo y las decisiones arbitrarias de un gobernador, pues los nombramientos de sus colaboradores de primer nivel serían revisados y ratificados por el Congreso local.

En otras palabras, el gobernador ya no podría hacer su regalada gana como lo hicieron los mandatarios emanados del PRI durante muchos años, que nombraban a personas sin perfil e improvisados, e integraban gabinetes de cuotas y cuates. Eso decían los coalicionistas, y el gobierno de la transición democrática buscaba la profesionalización de la administración pública estatal.

La idea fue buena, pero la pervirtieron. ¿Quiénes? Los diputados de las dos últimas Legislaturas locales y el mismo Ejecutivo. La ratificación de los Secretarios se convirtió en moneda de cambio. Con sus honrosas excepciones, los legisladores hacían la pantomima que las personas propuestas no reunían el perfil en base a los requisitos exigidos en la ley.

¿Y qué pasaba? Rechazaban el nombramiento hecho por el gobernador Gabino Cué Monteagudo de “X” o “Y” Secretario, y en la sesión siguiente aprobaban el nombramiento sin mayor cuestionamiento, como si con una varita mágica hubiesen dotado al servidor público de los requisitos que no reunía. Claro, en ocasiones sí los reunía, pero los diputados aseguraban lo contrario.

¿Y por qué? Porque negociaban la aprobación del nombramiento; quien sabe si solicitaban dinero, obras o materiales, pero generalmente recibían algo a cambio. Hubo diputados cuya actuación fue distinta, pues nada pidieron, pero de todos modos les tocó porque la negociación era en paquete.

No solamente los diputados priistas y de filiaciones distintas convertían la ratificación en moneda de cambio, sino hasta los propios coalicionistas; o sea, los propios diputados de los partidos aliados que postularon a Gabino Cué.

En otras ocasiones, desde el mismo Poder Ejecutivo se ofrecía a los diputados algo a cambio de ratificar el nombramiento del Secretario.

Hubo dos casos muy evidentes de rechazo inicial a la ratificación, pero luego ratificaron los nombramientos: El caso de Alberto Esteva Salinas como Secretario de Seguridad Pública y el de Aída Valencia como Secretaria de Desarrollo Social y Humano.

En ese contexto, cabe preguntar: ¿Es un retroceso el derogar la ratificación? Sí, si la ratificación fuera tal y como lo manda la ley y para efectos del equilibrio de Poderes. Pero no lo es en cuanto la ratificación se ha convertido en una moneda de cambio. El mismo Ejecutivo en algunas ocasiones nombró Secretarios sin reunir los requisitos legales y se vio obligado a conceder las canonjías pedidas en el Congreso oaxaqueño.

Con la propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo local, el Congreso solo tendría “conocimiento” inmediato de los nombramientos.

¿Es bueno o es malo? ¿Ustedes qué opinan queridos lectores, queridas lectoras?

SE QUEDAN LOS REQUISITOS

En la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, no se plantea mochar los requisitos para ser titular de una Secretaría; se quedan, salvo decisión en contrario de última hora. Solamente se plantea derogar la ratificación prevista en la fracción VII del artículo 21.

¿Cuáles son los requisitos?

El artículo 21 de la referida Ley, establece: “Para ser titular de una Dependencia o Entidad, de la Administración Pública Estatal se requiere:

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano;

II. Tener por lo menos 25 años de edad en la fecha de su designación;

III. Contar con cédula profesional, título o equivalente, o experiencia probada en actividades laborales, profesionales o académicas en el ramo para el cual sea propuesto;

IV. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

V. No haber sido condenado por delitos intencionales, patrimoniales y no estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión.

VI. Tener un modo honesto de vivir y aprobar la evaluación de control de confianza establecida en la ley de la materia”.

VII.- SE DEROGA

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