Nuño y Cué, ¿caerán?

  • Peimbert, ¿ya entregó el expediente?

Atando cabos, hay cabos que no atan en torno al conflicto magisterial, sobre todo cuando se leen los acuerdos, tareas y pronunciamientos emanados de la Asamblea Estatal Mixta Permanente de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), celebrada el viernes pasado tan pronto y como estuvieron en libertad sus líderes: Rubén Núñez Ginés y Francisco Villalobos (mejor conocido como “Chico Pelón”).

Como es sabido, la Sección 22, adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), actúa en el estado de Oaxaca, y ha sido como la punta de lanza en el movimiento magisterial nacional iniciado hace unos 30 años y en la aguda movilización de los últimos 80 días.

De la Asamblea en comento, emanaron más de una veintena de acuerdos entre los que destacan:

1.     Exigir al Estado Mexicano se castigue con cárcel al ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz y a todos sus cómplices por “los crímenes de lesa humanidad” cometidos en su sexenio, y por la represión al movimiento del 2006-2007.

2.     Exigir la salida inmediata del Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer.

3.     Exigir la salida del gobernador Gabino Cué Monteagudo, y juicio político.

4.     Ratificación de la Comisión Política para continuar la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación, poniendo como demanda central la abrogación de la “falsa Reforma Educativa”.

5.     No permitir la toma de posesión de la gubernatura.

6.     Reactivar los bloqueos

7.     Que la mesa de negociación sea pública.

Con excepción del último punto, el resto refleja que el conflicto magisterial va para largo, y que pone en riesgo el inicio del Ciclo Escolar 2016-2017 en Oaxaca, Chiapas Guerrero y Michoacán porque los mentores parecen no estar dispuestos a dar reversa a su demanda de abrogar la Reforma Educativa, por la cual la Sección 22 pide la destitución de Aurelio Nuño, también por la incursión policíaca en el municipio de Asunción Nochixtlán.

Ese es un cabo que no ata. ¿Fue Aurelio Nuño quien ordenó el desalojo de maestros y organizaciones aliadas del bloqueo carretero en Nochixtlán, a manos de la Policía Federal? ¿Qué no del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, depende la política interna y órdenes como ésta? ¿Por qué en los resolutivos de la Sección 22 se alude a la Segob en relación a las mesas de negociación, pero nada más?

Incluso, en sus acuerdos, la Sección 22 acusa al actual gobernador Gabino Cué Monteagudo de ser “el autor intelectual” de la masacre del 19 de junio del 2016 ocurrida en Nochixtlán. Por eso promoverán su destitución y juicio político en su contra.

Mmm, a Cué le faltan solamente cuatro meses y medio para concluir su mandato como Gobernador de Oaxaca. ¿Los profesores de la 22 se sentirán satisfechos con que se le destituya por ese lapso y las instancias correspondientes procedan a enjuiciarlo sumarísimamente? ¿O en el fondo la tendencia es a pedir su encarcelamiento siguiendo la ruta de los gobernadores priistas en capilla? Dos del PRI y uno de oposición.

Es otro cabo como que no ata del todo. ¿O son cabos que atan? Igual la petición de castigo en contra del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, ¡de nuevo diez años después! Es un punto que no había estado en la mesa de negociación, a menos que no lo hubieran hecho público hasta ahora.

Por cierto, Gabino Cué en su campaña a la gubernatura de Oaxaca hizo el compromiso de castigar a los autores intelectuales y materiales de los hechos del 2006; fue quizá una de las razones por las cuales su gran aliada electoral fue la Sección 22… bueno, parte, porque otra parte eran aliados de Ruiz Ortiz, a quien la Legislatura de ese entonces exoneró.

En fin, la Sección 22 plantea también no permitir la toma de posesión de Alejandro Ismael Murat Hinojosa como Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el primero de diciembre próximo. ¿En serio? ¿O solamente es un punto plasmado en los acuerdos para presionar o para despistar?

Es un secreto a voces que dentro de la Sección 22 operan dos grupos identificados con los ex gobernadores: “Los pozoleros” relacionados con Ulises Ruiz Ortiz mediante Eviel Pérez Magaña, y “Los pelones”, identificados con José Murat Casab. ¿O los supuestos vínculos son solo mitos?

Y miren, el líder de “Los Pelones”, Francisco Villalobos alias “Chico Pelón”, fue uno de los líderes encarcelados, ahora en libertad bajo caución.

Qué raro está todo esto, ¿no? Atando cabos como que todo tiene un fuerte olor a política, a temas electorales, a ajustes de cuentas.

Oaxaca está lastimada, herida, sumida en una crisis social, política y económica, que no es deseable la prolongación del conflicto.

Como cada seis años, los oaxaqueños tienen la esperanza de aires de paz con la renovación del Ejecutivo. Y ningún oaxaqueño bien nacido desea que le vaya mal a Alejandro Murat como gobernador, porque entonces le iría mal a la entidad. Véanse los casos de sus antecesores.

Que si no es de Oaxaca, que si lo impuso “la mafia del poder” como dice Andrés Manuel López Obrador, son lastres que tendrá que sortear, si no, terminará como sus antecesores. Eso sí, sus peores enemigos serán los mismos priistas, sin descartar las células incrustadas en la Sección 22. ¿O… no?

Bueno, y el punto sobre que sea pública la mesa de negociación, parece lo más sensato. Todo México tiene derecho a saber cuáles son las exactas peticiones de la Sección 22 y su Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, así como las propuestas de los gobiernos Federal y Estatal a través de la Secretaría de Gobernación.

Así, para que nadie sospeche que en la mesa de negociación se plantean y hasta se apuestan temas ajenos a la educación y a Nochixtlán.

PEIMBERT, ¿YA ENTREGÓ EL EXPEDIENTE?

Si ustedes recuerdan queridos lectores, queridas lectoras, en los medios de comunicación trascendió que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atrajo el caso Nochixtlán, situación que no gustó mucho al titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert Calvo.

Sin embargo, la CNDH tiene la competencia en el caso, en base al segundo párrafo del artículo 3º de la Ley de dicha Comisión, en cual establece:

“3o.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos tendrá competencia en todo el territorio nacional, para conocer de quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos cuando éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter federal, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación.

“Cuando en un mismo hecho, estuvieren involucrados tanto autoridades o servidores públicos de la Federación, como de las Entidades Federativas o Municipios, la competencia se surtirá en favor de la Comisión Nacional…”

¿Está claro? Los elementos de la Policía Federal que participaron en el enfrentamiento en el municipio de Asunción Nochixtlán, son servidores públicos federales. Y aunque en ese mismo hecho hayan intervenido funcionarios de los otros órdenes de gobierno, la competencia para conocer del caso la tiene la CNDH.

Además, entre las atribuciones que le otorga la misma Ley, la cual al parece, no ha sido invocada por ninguna de las partes y por ninguna autoridad (salvo que esta escribiente no haya leído bien), está la facultad investigadora. El precepto relativo establece:

“(La CNDH tiene la atribución de) Investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el Gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas…”

Es la facultad que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que ejerció, incluso, en ocasión de los hechos violentos del 2006 precisamente en el estado de Oaxaca. ¿Recuerdan?

En fin, el contexto viene a colación para preguntar: ¿La Defensoría a cargo de Peimbert Calvo ya turnó el expediente sobre el caso Nochixtlán a la CNDH? ¿O la CNDH no atrajo el caso? Porque si el expediente no se ha turnado a la Comisión Nacional, implica dilación en la investigación de los hechos ocurridos en aquél municipio oaxaqueño.

Según ha trascendido hasta hace algunos días, en la CNDH aún no había rastros del expediente iniciado en la DDHPO. ¿Qué habrá pasado? Claro, igual a estas alturas ya enviaron la documentación mediante alguna vía rápida, en caso de que la CNDH haya ejercido  a cabalidad su competencia.

rosyrama@hotmail.com