Corruptos, ¿vetados para candidaturas y gabinete?

Cuando el 12 de julio pasado, Enrique Ochoa Reza rindió protesta como nuevo presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI delineó su política contra la corrupción en dos vertientes: Interna y externa.

Sobre la primera vertiente dijo entonces: “El PRI tiene que ser garante de la honestidad de sus gobiernos. Tenemos que ser un partido que señale la corrupción de los gobiernos emanados de nuestras filas, que exija su fiscalización, incluso su destitución”.

En cuanto a la segunda, refirió: “Con la misma firmeza con la que debemos limpiar la casa () seremos exigentes para señalar y promover el castigo de los actos de corrupción de los otros partidos políticos, sea ese el caso de sus gobernadores en funciones, de los ex gobernadores, candidatos electos o candidatos en competencia.”

Casi dos meses después, la Comisión de Justicia Partidaria genera un hecho “insólito” en la vertiente interna: La suspensión de derechos de un militante con el rango de gobernador en funciones, como es el caso del veracruzano Javier Duarte, acusado de enriquecimiento inexplicable y otras conductas ilícitas.

En la vertiente externa, no se descarte que en cualquier momento el PRI promueva castigo a los actos de corrupción de algún gobernador en funciones o ex gobernador de oposición, así como para hacer equitativo el golpe a los ojos de los electores.

En ese contexto, cabe preguntar: ¿Es en serio la decisión de Ochoa Reza de combatir la corrupción? ¿O se trata solamente de una estrategia electoral para reposicionar al PRI de cara a los ya muy próximos procesos electorales 2017 y 2018? Claro, sobre todo en relación al proceso electivo presidencial, pues si los priistas pierden la Presidencia de México se irán a la banca seis o más años y perderán espacios locales: Gubernaturas, Congresos y presidencias municipales.

Es el riesgo considerando que una elección madre como la presidencial, jala las elecciones de diputados y de concejales a los ayuntamientos, en especial en entidades con vocación de izquierda como Oaxaca, por ejemplo, donde ciertamente el PRI ganó la elección de gobernador, pero su votación representa solamente el 30% en relación a la suma de la oposición.

Aunque la izquierda en Oaxaca no es la mejor; los líderes la han llevado a grados máximos de perversión y de corrupción.

¿CERRAR EL PASO A PRIISTAS CON ANTECEDENTES DE CORRUPCIÓN?

Cuando Enrique Ochoa Reza asumió el cargo de presidente del CEN del PRI, en su primer discurso también dijo: “Los priistas debemos de adoptar las mejores prácticas () para impedir el acceso a candidaturas en todos los niveles de gobierno de personas que tengan algún antecedente de corrupción.”

¿Fue simplemente un decir? ¿O una promesa? Si se trata de lo segundo, el PRI deberá cumplir en la selección de candidaturas a los cargos de elección popular a disputarse en las elecciones locales del 2017 y en los comicios del 2018, federales y locales.

Por lo tanto, el candidato del PRI a la Presidencia de México deberá estar exento de antecedentes de corrupción. Algo así como la castidad andando. ¿Y quien cumple con el requisito? ¿Miguel Ángel Osorio Chong? ¿Aurelio Nuño Mayer? ¿José Antonio Meade Kuribreña?

Empiecen a revisar trayectorias y antecedentes. La lucha interna por la candidatura anda desatada, y los aspirantes quien sabe si han tomando en cuenta las palabras de Ochoa Reza, que en la praxis priista también serían palabras del jefe político Enrique Peña Nieto.

Lo mismo ocurre en las entidades federativas donde habrá comicios locales en 2017 y en 2018. Oaxaca, por ejemplo, tendrá elecciones concurrentes con las federales para elegir diputados al Congreso local y concejales a los ayuntamientos.

Entonces, ya se imaginarán el hervidero de aspirantes oaxaqueños al Senado, a las diputaciones federales y locales, y a las presidencias municipales. Varios de los electos apenas el 7 de junio pasado como diputados locales y munícipes, ni siquiera han asumido el cargo y ya andan haciendo campaña para hacer uso de la reelección.

Aquí les dejamos algunos nombres de prospectos al Senado por el estado de Oaxaca para el escrutinio interno: Alejandro Avilés Álvarez, Mariana Benítez Tiburcio, María de las Nieves García Fernández, Martín Vázquez Villanueva, Sofía Castro Ríos, Adolfo Toledo Infanzón, Celestino Alonso Álvarez, Raúl Bolaños Cué, Narcedalia Ramírez Pineda.

Por citar a algunos. No todos ni todas andan en campaña, pero son nombres que suenan.

¿INCLUYE A LOS MIEMBROS DE GABINETES LOCALES?

El que los priistas deban adoptar “las mejores prácticas para impedir el acceso a candidaturas en todos los niveles de gobierno de personas que tengan algún antecedente de corrupción”, como lo plantea Ochoa Reza, ¿incluye a los integrantes del gabinete de gobernadores? Debería.

Y sobre todo en las entidades donde en estos momentos los gobernadores electos elaboran bosquejos de integración de su gabinete. Por ejemplo, Oaxaca, donde los priistas han convertido las redes sociales en ring de lucha libre en el ánimo de conseguir su incorporación al gabinete de Alejandro Ismael Murat Hinojosa.

Unos se golpean de manera directa y otros a través de trolles; en ambos casos despiadadamente. Y así sacan auténticos tendederos de malas conductas.

¿Y SABRÁ DE LA CUENTA PÚBLICA OAXAQUEÑA?

Quién sabe si Enrique Ochoa Reza conozca la postura de la actual fracción parlamentaria del PRI en el Congreso oaxaqueño ante la Cuenta Pública, que no fue aprobada en el 2014. Y los informes relativos a los ejercicios fiscales 2015 y 2016 están a punto de correr la misma suerte.

Bueno, la bancada priista no ha fijado postura pública en realidad. Pero el mutis en nada concuerda con las directrices trazadas por el presidente nacional del PRI.

Por cierto, Ochoa Reza debería devolver el millonario cheque de indemnización como Director General de Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como para poner el ejemplo.

rosyrama@hotmail.com