Ayotzinapa: síntoma crónico de un Estado debilitado

Cuando se cumplen dos años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, una tragedia que marcó dolorosamente a las familias de los jóvenes y a todo el país, y a cuya  investigación se han destinado muchos esfuerzos, recursos humanos y materiales como a ninguna otra y que no ha arrojado datos certeros sobre el paradero de los jóvenes y los responsables de su desaparición, es signo inequívoco de un Estado débil, afirmó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Angélica de la Peña Gómez

“Cuando las instituciones son incapaces de garantizar la vida e integridad de la ciudadanía y el acceso a la verdad y a la justicia cuando son afectadas las primeras, estamos ante una falla estructural”, advirtió la legisladora perredista.

Precisó que el denominado “Caso Iguala” es una radiografía de la terrible situación que envuelve al país, en el que las desapariciones forzadas y las cometidas por particulares y la tortura han sido una constante -de las que dan cuenta los cientos de fosas clandestinas descubiertas a lo largo y ancho del país- que han encontrado en la descomunal impunidad un catalizador.

Apuntó que hasta diciembre del año pasado, en México se registraron 26 mil 898 personas desaparecidas o no localizadas, de acuerdo con un informe del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) que recibió el 6 de septiembre el Senado de la República.

Las 14 entidades que acumulan el 90% de las personas desaparecidas registradas son Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Baja California, Sonora, Michoacán, Guerrero, Puebla, Distrito Federal y Guanajuato.

De la Peña Gómez, -militante del PRD, igual que José Luis Abarca, alcalde de Iguala cuando sucedieron los hechos en septiembre de 2014, también como Ángel Aguirre Rivero, a la sazón gobernador de Guerrero- reconoció que si bien la actual titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez, ha mostrado un compromiso con el esclarecimiento de los hechos ocurridos, el ex procurador Jesús Murillo Karam perdió tiempo valioso empeñándose en una investigación para demostrar su “verdad histórica”.

Asimismo, destacó  que gracias a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), hoy se sabe que la investigación de Murillo Karam no sólo desestimó líneas de investigación como la del quinto autobús, sino que pasó por alto las omisiones de la Policía Federal y del Ejército, perdió pruebas importantísima como vídeos de seguridad y restó importancia a los teléfonos celulares de los estudiantes.

La también secretaria de la Comisión de Justicia de la Cámara alta, recordó que Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en México, recientemente dijo que la desaparición de los 43 normalistas no puede quedar impune y el daño debe repararse a las familias de las víctimas y el gobierno ofrecer la garantía de no repetición.

Además, subrayó que la participación de agentes del Estado en la desaparición de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa y en decenas de casos más está más que comprobada, “como han denunciado relatores de la Organización de las Naciones Unidas, las desapariciones forzadas y lo tortura son prácticas generalizadas en nuestro país y se equivocan descomunalmente quienes pretenden cambiar esta realidad tapando el sol con un dedo”.