El 88% de los mexicanos considera que la corrupción es un problema muy grande

El 88.8% de los mexicanos considera que la corrupción es un problema muy grande. En una lista de 168 países elaborada por Transparencia Internacional, nuestro país ocupa el puesto número 95; de los 34 países que conforman la OCDE, México se ubica en el último lugar. No hay estado alguno de la república donde la corrupción no sea percibida y se estima que su costo oscila entre el 2 y el 10% del PIB.

Claudio X. González, Francisco Javier Acuña y Juan E. Pardinas disertaron sobre este problema, que rompe el contrato social, destruye la legitimidad de las instituciones y afecta el bien común de los mexicanos. Esto como parte del ciclo de conferencias sobre Los problemas nacionales y el Derecho que organiza el Ministro José Ramón Cossío Díaz en El Colegio Nacional.

“La medición de la corrupción es compleja porque se esconde, no le gusta la luz”, comentó Claudio X. González, “bajo cualquier comparativo que hagamos, tenemos un atraso muy importante en materia de corrupción”. El actual presidente de Mexicanos Primero detalló que en términos sociales, la corrupción golpea más a quien menos tiene, convirtiéndola en un factor que genera desigualdad; en términos políticos ocasiona una crisis institucional, lastimando particularmente al poder judicial.

“La corrupción no es una característica desagradable del sistema político mexicano: es el sistema”, señaló González, citando a Gabriel Zaid, “hace que los gobernantes no piensen en el bien común sino en el bien del grupo gobernante, las empresas no son la excepción”. Asimismo, el activista advirtió que, como el tema educativo, el combate a la corrupción y la impunidad requiere la participación de una sociedad civil organizada y decidida, dentro de un contexto institucional y legal.

“La corrupción es un problema epidémico y sistémico que frena el desarrollo económico del país y deslegitima a las instituciones democráticas. Ha llegado a un nivel de gravedad en que remediarlo es una cuestión de supervivencia del Estado mexicano”, aseguró Claudio X. González, “con la Ley 3de3 estamos combatiendo la corrupción pública pero tenemos que combatir la corrupción privada, que es muy grande”.

Con respecto a la Ley General de Responsabilidades, mejor conocida como la ley 3de3, Juan E. Pardinas afirmó que, a pesar de no haberse conseguido todo lo que se esperaba, se logró dar un paso importante en el combate a la corrupción: “logramos quitarle el monopolio político a la clase política de cómo, cuándo y en dónde se iban a discutir las leyes anticorrupción”, dijo el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Para Juan E. Pardinas, más que un problema cultural (como lo afirmó el presidente Enrique Peña Nieto hace unos meses), la corrupción es una herramienta política; una solución para asegurar una mayor competitividad laboral o para aceitar las negociaciones políticas. “Estamos viviendo el momento con mayor nivel de corrupción”, subrayó, “en un mundo mejor la Ley 3de3 sería irrelevante, no habría la necesidad de pedirles a los políticos que presentaran estos documentos”.

Con la Ley 3de3, la Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar el 90% de los recursos que se transfieren a los estados (ramo 33 y ramo 28). Anteriormente sólo se podía fiscalizar entre el 40 y el 45% del año previo. Surgida como una iniciativa ciudadana, la Ley 3de3 se incluye dentro del paquete de leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, promulgadas el pasado 18 de julio por el Ejecutivo Federal.

“Es el primer sistema en el mundo que será presidido por ciudadanos, lo que no es una garantía de que sean gente impoluta. Vamos a trabajar para que sean perfiles con intereses distintos a los de nuestros políticos. Su diseño me preocupa y no me encanta, me preocupa que la PGR sea la institución donde va a estar la Fiscalía Anticorrupción. Hubiéramos preferido un margen de más autonomía institucional pero seguiremos insistiendo”, declaró Pardinas.

Juan E. Pardinas destacó la actuación y el discurso de Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana, en la promulgación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. “Aunque la Ley 3de3 se robó toda la focalización y no dejó ver todas las bondades del sistema, al final se logró algo extraordinario y Bohórquez lo dijo ahí, en ese increíble discurso”, añadió Francisco Javier Acuña, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El comisionado resaltó la importancia y la tarea del INAI en el combate a la corrupción y a la falta de transparencia: “en el INAI estamos para hacer público lo que debería ser público”, puntualizó. Frente a la posibilidad de que el cinismo se instale en el país y en el nuevo sistema, Acuña reiteró la necesidad de implementar acciones en conjunto con la sociedad civil y fomentar que la ciudadanía “estrene” su derecho a saber, derecho que se ha irradiando y arraigando; la transparencia por sí sola no puede erradicar la corrupción y la información debe ser exigida por los ciudadanos de manera permanente.

“Si se instala el cinismo y los mecanismos no se mueven o generan cambios por efecto de la exigencia ciudadana, corremos el riesgo de que el INAI y otras instituciones se vuelvan inicuas e inocuas, o sea, que no sirvan para nada”, alertó el comisionado, “si la sociedad no hace valer su derecho a conocer la gestión pública en todas sus dimensiones, de nada habrá servido este artificio para combatir la corrupción”.

*Fuente: Colegio Nacional*